En esta sección se presentan modelos de escritos penales utilizados en causas tramitadas ante la Justicia Federal y Provincial. Los formularios incluyen fundamentos técnicos, jurisprudencia y estructura formal.
Cada modelo incluye un resumen temático, palabras clave para facilitar su localización y un enlace de descarga en formato PDF.
Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica
Este modelo está destinado a interponer Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley 48, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba que agota la instancia local.
El modelo contempla:
La cuestión federal suficiente basada en la garantía de doble instancia en materia penal (arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP, con jerarquía constitucional – art. 75 inc. 22 CN).
La crítica fundada a la sentencia por arbitrariedad y falta de revisión amplia de los agravios, conforme la doctrina del precedente “Casal” (CSJN, Fallos: 328:3399).
El desarrollo del agravio con base en la doctrina de la capacidad de rendimiento del tribunal de casación.
La invocación del control del principio in dubio pro reo y la exigencia de revisión de los hechos, el derecho y la pena.
Es especialmente útil para casos donde se haya rechazado un recurso de casación sin agotar el examen integral del fallo condenatorio, y se pretenda fundar la impugnación federal sobre bases constitucionales.
Palabras clave:
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Este modelo está redactado conforme a los artículos 443, 445, 449, 455, 468 y 474 del Código Procesal Penal de Córdoba. Está diseñado para ser utilizado por defensores públicos o particulares cuando el imputado manifiesta su voluntad de recurrir una sentencia condenatoria in pauperis forma.
El escrito invoca un motivo específico del artículo 468 CPP —por ejemplo, nulidad absoluta de la sentencia— y desarrolla la estructura formal exigida por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, incluyendo la reserva del caso federal conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley 48.
El modelo puede adaptarse fácilmente a distintas circunstancias procesales, y es especialmente útil en casos donde se discuten violaciones al debido proceso o defectos estructurales en la sentencia condenatoria.
Palabras clave:
recurso de casación penal, modelo escrito TSJ Córdoba, casación in pauperis, defensor oficial, nulidad sentencia penal, derecho penal procesal, garantías constitucionales, artículo 468 CPP Córdoba, proceso penal acusatorio, reserva caso federal ley 48
Este modelo permite formalizar la acción civil dentro del proceso penal, conforme a los artículos 24, 97 y concordantes del Código Procesal Penal de Córdoba. Está diseñado para ser presentado ante la Fiscalía de Instrucción, a fin de constituirse como actor civil y reclamar la reparación de los daños materiales y morales derivados del hecho delictivo investigado.
Incluye fundamentación legal, legitimación activa y pasiva, detalle de los daños reclamados (daño emergente, lucro cesante, daño moral), fórmula de cálculo del monto indemnizatorio, solicitud de medidas cautelares y pedido de exención del pago de tasa de justicia. Está orientado a representantes de víctimas fatales, como concubinas o madres de hijos menores, con base en el derecho a litigar sin gastos.
El modelo puede adaptarse a otros supuestos indemnizatorios en el marco de causas penales por homicidio, lesiones u otros delitos con impacto patrimonial o moral.
Palabras clave:
acción civil en proceso penal, actor civil Córdoba, modelo escrito penal, constitución actor civil homicidio, indemnización en juicio penal, lucro cesante, daño moral penal, daño emergente psicológico, querella particular, art. 24 CPP Córdoba, asistencia jurídica gratuita, beneficio litigar sin gastos, medidas cautelares civiles, víctima indirecta proceso penal
Este modelo permite formalizar la constitución de un querellante particular en una causa penal ante el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Está especialmente adaptado para supuestos donde el peticionante es un familiar indirecto de la víctima (hermano o hermana), y no existen herederos forzosos directos activos en el proceso.
Contiene argumentación jurídica basada en jurisprudencia relevante del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y de Cámaras del Crimen, así como citas a instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Resolución 40/34 de la ONU, que reconocen el derecho de las víctimas y sus familiares a la tutela judicial efectiva.
Este modelo es especialmente útil en casos de homicidio doloso o delitos graves, cuando la familia busca participar activamente en la persecución penal del imputado, incluso sin ser heredero forzoso conforme al derecho sucesorio clásico.
Palabras clave:
querellante particular Córdoba, modelo escrito querella penal, víctima del delito, hermano de la víctima, acción penal privada, acusación particular, tutela judicial efectiva, Convención Americana sobre Derechos Humanos, resolución 40/34 ONU, intervención víctima penal, legitimación hermano víctima, jurisprudencia TSJ Córdoba
Este modelo está redactado conforme al artículo 335 del Código Procesal Penal de Córdoba y permite a la parte querellante particular ofrecer prueba en sede de instrucción. Se orienta a casos penales en los que se requiere una valoración pericial tanto de la víctima como del imputado, para acreditar la veracidad y gravedad de los hechos denunciados.
El documento propone una pericia interdisciplinaria (psiquiátrica y psicológica), con especificaciones sobre la estructura de personalidad, estado emocional y cognitivo, existencia de daño psíquico en la víctima, y evaluación integral del imputado en cuanto a su salud mental, agresividad, impulsividad, sugestionabilidad y capacidad de comprensión de la criminalidad.
Este modelo es especialmente útil en causas por delitos sexuales, violencia familiar o situaciones traumáticas que generan daño psicológico, y permite al querellante participar activamente en la etapa instructoria conforme al artículo 310 del C.P.P.
Palabras clave:
ofrecimiento de prueba penal Córdoba, modelo escrito querellante, pericia psicológica víctima, pericia psiquiátrica imputado, proceso penal Córdoba, querellante particular CPP Córdoba, daño psíquico penal, artículo 335 CPP, artículo 310 CPP, evaluación imputabilidad penal, violencia familiar, abuso sexual, salud mental proceso penal
Este modelo permite a la parte querellante solicitar la continuación del trámite y la elevación de la causa a juicio ante el Fiscal de Instrucción, cuando la investigación penal preparatoria se ha extendido en el tiempo sin resolución. Se funda en el principio de efectividad y en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (AR 668 A/2003), así como en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El escrito está especialmente diseñado para ser utilizado en casos donde el retardo de justicia afecta derechos fundamentales de la víctima o sus familiares. Invoca normativa de orden público que impone al Estado la obligación de dar una respuesta judicial en tiempo razonable, en línea con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Se recomienda su uso en causas donde la recolección probatoria ya permite avanzar a etapa de juicio y donde la inactividad fiscal o dilaciones injustificadas comprometen el derecho a la verdad y la reparación.
Palabras clave:
elevación a juicio penal, modelo escrito impulso querella, retardo de justicia, principio de efectividad, derecho a resolución razonable, artículo 8.1 CADH, TSJ Córdoba AR 668 A/2003, derechos de la víctima penal, demora fiscal, requerimiento juicio Córdoba, modelo querellante penal, impulso procesal víctima
Este modelo permite solicitar la suspensión del juicio a prueba (probation) conforme a los artículos 76 bis y 76 ter del Código Penal, aplicable a delitos de baja lesividad cuando no existen antecedentes penales. Está dirigido a defensores de imputados en causas penales ante las Cámaras en lo Criminal y Correccional.
Incluye los requisitos formales y sustanciales exigidos por la jurisprudencia: escala penal menor a 3 años, ausencia de exclusiones legales, ofrecimiento de reparación del daño y propuesta concreta de reglas de conducta, incluyendo trabajo comunitario y plazos breves de cumplimiento.
El modelo contempla también aspectos técnicos como el ofrecimiento en cuotas, el recupero de efectos sustraídos, y la participación activa de la víctima en la homologación del acuerdo, todo ello conforme al criterio restrictivo adoptado en la jurisprudencia de la CSJN y del TSJ Córdoba.
Palabras clave:
suspensión del juicio a prueba, probation modelo penal, artículo 76 bis CP, defensor imputado probation, reparación del daño penal, trabajo comunitario imputado, modelo escrito probation Córdoba, TSJ jurisprudencia probation, requisitos suspensión juicio a prueba, escala penal menor a 3 años, ofrecimiento de reparación artículo 76 bis, reglas de conducta penal
Este modelo está diseñado para que la defensa técnica del imputado interponga recurso de apelación ante la Cámara de Acusación contra una resolución del Juez de Control, conforme a los artículos 443, 445, 449, 460 y 461 del Código Procesal Penal de Córdoba.
El planteo se fundamenta en la existencia de agravios que afectan derechos del imputado, tales como el rechazo de nulidades o peticiones previas. El modelo destaca el incumplimiento del deber de fundamentación por parte del Juez de Control y deja constancia del agravio constitucional, habilitando ulterior reserva del caso federal conforme a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia y la CSJN.
Puede utilizarse en múltiples escenarios: rechazo de oposición a la elevación a juicio, mantenimiento de una medida cautelar, negativa a realizar actos de investigación, entre otros.
Palabras clave:
modelo recurso de apelación defensor Córdoba, juez de control proceso penal, apelación cámara de acusación, artículo 461 CPP Córdoba, nuevas nulidades defensa técnica, recurso penal Córdoba, reserva caso federal, rechazo de oposición penal, auto apelable penal Córdoba, fundamentación insuficiente resolución judicial, agravios del imputado, TSJ jurisprudencia nulidades
Este modelo está concebido para ser presentado por el defensor técnico del imputado en la instancia prevista por el artículo 465 del Código Procesal Penal de Córdoba, en el marco de una apelación ante la Cámara de Acusación contra un auto del Juez de Control.
Permite desarrollar por escrito los agravios que justifican la impugnación de la resolución apelada, en especial cuando se han rechazado nulidades, oposiciones a la elevación a juicio, o cualquier acto procesal que haya vulnerado garantías constitucionales del imputado.
Este modelo está estructurado con las siguientes secciones: objeto, exposición de agravios, desarrollo argumental, y petición concreta. Puede adaptarse a distintos motivos de apelación y es compatible con la reserva del caso federal.
Palabras clave:
modelo escrito art. 465 CPP, informe defensor Cámara de Acusación, apelación auto juez de control, recurso defensa imputado Córdoba, petición nulidad penal, TSJ Córdoba jurisprudencia apelación, impugnación resolución penal, agravios constitucionales defensa, auto apelado proceso penal, modelo audiencia art. 465, elevación a juicio nulidad
El planteo sostiene la nulidad absoluta de toda la evidencia digital obtenida del teléfono celular del imputado, debido a que su secuestro, apertura y análisis se realizaron sin control judicial previo, sin copia forense ni funciones hash, sin cadena de custodia ni documentación técnica, y mediante una búsqueda indiscriminada de información privada.
Estas irregularidades vulneran garantías constitucionales esenciales (defensa, intimidad, legalidad y debido proceso) y desconocen los estándares técnicos internacionales aplicables a la evidencia digital (Convención de Budapest, ISO/IEC 27037, IRAM 36100:2024).
Además, el acceso incluyó material protegido por secreto profesional, lo que agrava la afectación institucional y procesal.
En consecuencia, se solicita la exclusión total de la prueba digital y la nulidad de todos los actos derivados, conforme a la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.
Este Modelo permite a la defensa técnica del imputado oponerse formalmente a la resolución que dispone su prisión preventiva, conforme al artículo 338 del Código Procesal Penal de Córdoba. El modelo desarrolla los fundamentos de hecho y de derecho que justifican el cese de la medida coercitiva, por ausencia de probabilidad respecto a la existencia del hecho imputado y de la participación penalmente relevante del asistido.
El escrito incluye referencias al principio de proporcionalidad en materia cautelar, invocando el precedente "Spizzo" del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (Sentencia 66 del 07/07/2006), y plantea la inaplicabilidad de la prisión preventiva cuando los indicios no superan el umbral de sospecha leve.
Es especialmente útil en delitos de escasa entidad, causas con prueba endeble o contradictoria, y supuestos de duda razonable sobre el tipo penal y la autoría.
Palabras clave:
modelo oposición prisión preventiva, defensa penal Córdoba, medidas cautelares penal, artículo 338 CPP Córdoba, principio de proporcionalidad penal, Spizzo TSJ Córdoba, prueba insuficiente prisión, nulidad prisión preventiva, sospecha leve proceso penal, derecho a la libertad penal, defensor penal Córdoba, duda razonable autoría
Este modelo permite a la defensa técnica del imputado oponerse al requerimiento fiscal de elevación a juicio, cuando no se ha alcanzado el grado de probabilidad exigido en el artículo 354 del Código Procesal Penal de Córdoba para avanzar a la etapa plenaria.
Está estructurado con fundamentos de hecho y de derecho para sostener que no se encuentran acreditados ni la existencia del hecho ni la participación penalmente relevante del imputado, por lo que se insta el dictado del sobreseimiento total en virtud del artículo 350 inciso 5 del C.P.P.
El modelo también desarrolla la admisibilidad formal de la impugnación, conforme a los artículos 338 y 357 CPP, y plantea una crítica integral a la valoración fiscal de los elementos probatorios.
Es particularmente útil en causas donde:
La prueba reunida durante la etapa instructoria es débil o contradictoria.
Existen pericias desfavorables al Ministerio Público Fiscal.
No se vislumbra posibilidad de incorporar prueba relevante adicional.
Palabras clave:
modelo oposición citación a juicio, requerimiento elevación juicio impugnación, sobreseimiento total Córdoba, artículo 354 CPP Córdoba, impugnación fiscal instrucción, nulidad citación a juicio, modelo defensor penal Córdoba, prueba insuficiente penal, artículo 350 inc. 5 CPP, modelo impugnación requerimiento fiscal, derecho a ser sobreseído defensa
Este modelo permite a la defensa solicitar el cese de la prisión preventiva, conforme a los artículos 281, 283 incs. 1 y 2 y 269 del Código Procesal Penal de Córdoba, en casos en que no subsisten motivos válidos para mantener la medida de coerción más gravosa.
Se invocan los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y necesidad de revisión periódica del encarcelamiento cautelar, con cita de los precedentes “Loyo Fraire” (CSJN, 06/03/2014) y “Spizzo” (TSJ Córdoba, Sent. 66/2006). Se articulan argumentos en torno al fin de la investigación, la inexistencia de peligro de fuga o entorpecimiento y la posibilidad de acceder a mecanismos de soltura previstos en la Ley 24.660 (libertad asistida, salidas transitorias, régimen de semilibertad).
El modelo también descarta riesgos de amedrentamiento a víctimas o testigos, exige un análisis individualizado de la situación procesal del imputado y afirma el derecho a transitar el proceso en libertad conforme al principio de inocencia (art. 8.2 CADH y art. 42 de la Constitución Provincial).
Palabras clave:
modelo cese prisión preventiva, libertad imputado Córdoba, defensor penal artículo 283 CPP, medidas cautelares procesales, presunción de inocencia penal, riesgo procesal inexistente, fallo Loyo Fraire CSJN, jurisprudencia TSJ Spizzo, proporcionalidad coerción penal, modelo defensa CPP Córdoba, ley 24.660 prisión discontinua, libertad asistida proceso penal
Este modelo permite a la defensa técnica del imputado fundamentar la apelación de una sanción disciplinaria impuesta en el ámbito penitenciario, invocando el derecho del interno a impugnar actos administrativos sancionatorios en forma directa ante la justicia penal (art. 24 del Anexo I del Decreto Reglamentario 343/08).
El modelo plantea la admisibilidad formal de la impugnación, destaca la intervención activa del interno y su manifestación expresa de voluntad de apelar, y desarrolla una crítica a la falta de fundamentación real de la resolución administrativa, denunciando la orfandad probatoria y su carácter arbitrario. Invoca normas de jerarquía constitucional como el art. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley 24.660, y las garantías de in dubio pro reo y tutela judicial efectiva.
También se formula reserva de casación ante el TSJ (art. 468 inc. 2 CPP) y de recurso extraordinario federal ante la CSJN (arts. 14 y 15 de la Ley 48).
Este modelo es útil en defensa de internos procesados sancionados disciplinariamente, con o sin recursos, en causas que requieren control judicial sobre actos administrativos penitenciarios.
Palabras clave:
modelo apelación sanción disciplinaria penal, interno procesado sancionado, derechos en prisión Argentina, in pauperis sanción penal, Decreto 343/08 Córdoba, tutela judicial efectiva interno, apelación sanción cárcel, reserva casación sanción administrativa, artículo 24 Anexo I Decreto 343/08, in dubio pro reo sanción, derecho defensa en contexto carcelario, CSJN recurso in pauperis
Este modelo está diseñado para que la defensa técnica del condenado evacue la vista conferida por el juzgado de ejecución penal en el marco de una solicitud de libertad condicional, conforme a los artículos 13, 14 y 17 del Código Penal y a los artículos 1, 28, 101 y 104 de la Ley 24.660.
Contempla el cumplimiento del requisito temporal (dos tercios de la pena) y el análisis de los requisitos negativos (no reincidencia, no comisión de delitos excluidos, etc.), destacando la regularidad en el cumplimiento de los reglamentos carcelarios. Asimismo, argumenta a favor del pronóstico favorable de reinserción social, cuestionando valoraciones restrictivas del Ministerio Público Fiscal y apelando a precedentes del TSJ de Córdoba (Fallos “Miranda”, “Rosales”, “Figueroa” y “Garrido”) que abordan la finalidad resocializadora de la pena.
El modelo también incorpora doctrina penitenciaria europea sobre libertad condicional como mecanismo eficaz de reintegración y prevención de la reincidencia, y resulta útil para peticionar egresos anticipados en causas con condena firme, sustentadas en informes interdisciplinarios positivos.
Palabras clave:
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El presente Recurso de Casación Federal se interpone contra una sentencia condenatoria dictada por un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, cuya validez se cuestiona por la violación de garantías constitucionales y normas procesales esenciales.
El recurso expone que la investigación tuvo un origen irregular, con diligencias practicadas sin requerimiento fiscal formal y mediante intervenciones telefónicas deficientemente motivadas.
La defensa argumenta que la sentencia se fundamentó en prueba contaminada de nulidad absoluta, infringiendo el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N., art. 8.2 CADH).
Se solicitan dos agravios principales:
Nulidad Absoluta: Por violación de normas procesales de orden público (art. 456 inc. 2° CPPN).
Arbitrariedad de Sentencia: Por insuficiencia y contradicción en la fundamentación (art. 123 y 404 inc. 2° CPPN).
Asimismo, se formula reserva de caso federal (arts. 14 y 15 Ley 48) para acceder a la revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asegurando la tutela judicial efectiva y el control sobre la condena penal, conforme a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Este modelo plantea la solicitud de prisión domiciliaria para un procesado o penado, invocando la situación de salud crítica que afecta a su núcleo familiar directo, quienes requieren asistencia permanente y cuidados continuos.
Se funda en el art. 10 inc. d) del Código Penal y en los arts. 32 y 33 de la Ley 24.660, que contemplan la detención domiciliaria como forma legítima de cumplir la pena o la prisión preventiva cuando existan circunstancias humanitarias o médicas graves.
Se sostiene que mantener la privación de libertad en un establecimiento carcelario, vulnera la garantía de trato digno y la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes, consagradas en la Constitución Nacional (art. 18) y en tratados internacionales con jerarquía constitucional
Se invoca además la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 318:2002 “Verbitsky”) y estándares internacionales (Reglas Mandela, Reglas de Brasilia) que refuerzan la obligación estatal de garantizar un régimen de detención compatible con la dignidad humana.
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Modelo para impugnar una sentencia definitiva que aplica una disposición procesal previamente cuestionada por su inconstitucionalidad.
Se destaca que la cuestión de inconstitucionalidad fue oportunamente planteada durante el debate y rechazada por el tribunal.
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El presente escrito formula una solicitud de excarcelación a favor del imputado, con carácter principal, y plantea subsidiariamente la prisión domiciliaria en caso de denegatoria.
La excarcelación se fundamenta en la doctrina de la Cámara Federal de Casación Penal (Plenario n.º 13 “Díaz Bessone”), que establece que la mera expectativa de pena no justifica, por sí sola, la restricción de la libertad, debiendo evaluarse concretamente el riesgo procesal conforme los parámetros del art. 319 CPPN.
La defensa demuestra la ausencia de peligro procesal mediante la acreditación de arraigo, condiciones personales y familiares, sumado a un estado de salud delicado certificado médicamente.
Subsidiariamente, se solicita la prisión domiciliaria con sustento en el art. 10 del Código Penal y los arts. 32 y 11 de la Ley 24.660, dada la imposibilidad de garantizar en prisión los cuidados y tratamientos necesarios, con invocación de estándares convencionales (Caso “Bulacio” vs. Argentina, Corte IDH) y normas constitucionales (art. 18 CN, art. 75 inc. 22 CN).
Se deja expresa reserva del caso federal (arts. 14 y 15 Ley 48) y protesta recursiva para acudir a instancias superiores
Excarcelación, Prisión Domiciliaria, Caución Juratoria, Riesgo Procesal, Doctrina Díaz Bessone, Código Procesal Penal de la Nación, Ley 24.660, Estado de Salud del Imputado, Principio de Arraigo, Garantías Constitucionales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Reserva de Caso Federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio, Derechos Humanos
El habeas corpus correctivo es una herramienta procesal destinada a restablecer condiciones de detención compatibles con la dignidad humana, cuando éstas se ven vulneradas de manera estructural o sistemática. En este tipo de presentaciones se exponen situaciones de hacinamiento, deficiencias en infraestructura, restricciones indebidas en las visitas, procedimientos de requisa contrarios a estándares internacionales, carencias en la alimentación y problemas de acceso a la salud, comunicación y tecnología. El escrito desarrolla fundamentos constitucionales, legales y convencionales, analiza la responsabilidad estatal frente a obligaciones positivas de resguardo, y propone soluciones concretas con plazos y mecanismos de control. Asimismo, contempla el alcance colectivo de la acción, que permite proteger los derechos de todas las personas alojadas en un establecimiento, más allá del caso individual, reforzando la tutela judicial efectiva en contextos de privación de libertad.
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Este modelo permite a la parte querellante interponer formalmente un recurso de apelación contra una sentencia dictada en etapa de instrucción, conforme a los artículos 352, 443, 446, 460 y 461 del Código Procesal Penal de Córdoba.
Incluye el planteo de inadmisibilidad constitucional del artículo 464 CPP, en la medida en que subordina la habilitación del recurso a la voluntad del Ministerio Público Fiscal, en contraposición con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1 y 25) y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN).
Este modelo está orientado a representantes de víctimas o familiares con legitimación como querellantes particulares, en supuestos donde se haya dispuesto el archivo, sobreseimiento u otra resolución contraria a sus intereses, y se busca activar el control jurisdiccional ante la Cámara de Acusación.
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