RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO: Impacto inmediato de la Ley de Inocencia Fiscal

Criptoactivos: Tecnología, Riesgos y Desafíos Regulatorios

Los criptoactivos se fundamentan en la Tecnología de Libro Contable Distribuido (DLT), un sistema que registra la información de manera descentralizada y reparte los datos en diversas ubicaciones. El sistema Blockchain (cadena de bloques) es un tipo específico de DLT utilizado por criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, entre otras.

Descentralización y Vulnerabilidad

Una característica fundamental de los criptoactivos es que las transacciones no son supervisadas ni autorizadas por ninguna autoridad de control, como un Banco Central o una Comisión de Valores. La validación se logra a través del consenso de los usuarios (mineros) de la red, quienes utilizan sus computadoras (nodos) para resolver algoritmos que dan validez a la operación, obteniendo una recompensa en criptomonedas.

Aunque la descentralización se promueve como una virtud que ofrece seguridad y transparencia, conlleva un grave problema: la ausencia de un regulador. Ciertos atributos de los criptoactivos los hacen herramientas altamente vulnerables a los flujos financieros ilícitos y sus operaciones representan una gran cantidad de riesgos para el sistema de prevención de delitos económicos.

Estos riesgos incluyen:

1. Anonimato y Trazabilidad: El anonimato de las operaciones impide la trazabilidad nominativa.

2. Carácter Transfronterizo: Su naturaleza transfronteriza y la facilidad con que se mueven permiten la rápida movilización de grandes sumas de dinero de un país a otro.

3. Guarida Fiscal Virtual: Debido a la existencia de controles globales y locales, las criptomonedas han emergido como un ámbito desgobernado y anárquico que opera fuera del marco regulatorio vigente, funcionando, de facto, como un nuevo tipo de guarida fiscal, denominada “guarida fiscal virtual”.

Desafíos en la Investigación

El uso de criptoactivos para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas constituye un desafío novedoso en la investigación del aspecto económico del delito. Sus características intrínsecas reducen las fuentes de información disponibles que permitan vincular la operación con personas humanas o jurídicas.

Marco Normativo en Argentina

En Argentina, las criptomonedas están incluidas en la legislación tributaria.

• Los resultados derivados de la tenencia y enajenación de “monedas digitales” están sujetos al Impuesto a las Ganancias.

• Una interpretación adecuada del marco normativo sugiere que los criptoactivos deberían ser declarados y tributar por el Impuesto sobre los Bienes Personales.

• En 2019, se estableció un régimen informativo que obliga a los Exchange (Agentes de cambio de criptomonedas) locales a reportar mensualmente a la AFIP sobre los movimientos y tenencias de sus clientes.

Vacíos Legales Pendientes

Pese a la normativa tributaria, la legislación vigente presenta vacíos legales y carece de unicidad de criterios, además de encontrarse en desarrollo.

• Existen operaciones que se realizan sin la participación de intermediarios privados, ya que los criptoactivos pueden "guardarse" en billeteras personales (wallets) e intercambiarse directamente entre personas de manera virtual y sencilla.

• Actualmente, los Exchanges aún no reúnen la calidad de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de activos.

• Existen proyectos legislativos para regular ciertos aspectos de las criptomonedas, pero se desconoce si la regulación recaerá en el BCRA, la CNV o en algún nuevo organismo.

Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica

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El deporte como hecho lícito y el debate doctrinario

El punto de partida es claro: las prácticas deportivas son socialmente positivas y lícitas. Sin embargo, cuando un jugador como Juan Cruz Mallía sufre una fractura o lesión en un partido internacional de alto nivel, el resultado físico (daño tisular) es idéntico al que produciría una pelea callejera. ¿Por qué uno es deporte y el otro es delito?

Aquí entramos en el gran debate doctrinario que divide a los expertos:

• ¿Es una acción atípica? Algunos autores sostienen que el daño deportivo no encaja en el tipo penal de "lesiones" porque el deporte en sí mismo no busca dañar.

• ¿Es una causa de justificación? Otros opinan que la lesión es un hecho típico (hay daño), pero está "perdonada" o justificada por el ordenamiento jurídico al darse en un contexto deportivo.

Así, vemos como el Derecho transforma un hecho biológico violento en una práctica socialmente aceptada.

Los límites de la inmunidad: Reglamento, Consentimiento y "Deportes Riesgosos"

Para que una lesión quede fuera del alcance del derecho penal, no basta con estar en una cancha. Deben cumplirse requisitos estrictos que blindan la actividad. Analicemos estos requisitos a la luz del rugby y el caso Mallía:

1. Deporte Autorizado: El Estado debe reconocer la disciplina. El rugby, al igual que el boxeo o el automovilismo, entra en la categoría de "Deportes Riesgosos".

2. Cumplimiento del Reglamento: La lesión debe ocurrir dentro de las normas del juego.

3. Consentimiento del Interesado: Al entrar a la cancha, el deportista asume los riesgos inherentes.

El caso de Mallía es el ejemplo perfecto de funcionamiento correcto de la norma: una lesión grave producida en un deporte de alto riesgo, pero bajo autorización estatal y respeto reglamentario. No hay delito, hay "riesgo deportivo". Ni siquiera por los daños a terceros habría reclamo si se respetaron estos parámetros.

Cuando el juego se convierte en delito

¿Qué pasa cuando se rompe el pacto? Si la lesión o la muerte ocurren por una violación de las disposiciones vigentes, la protección legal desaparece.

Si la lesión no hubiera sido producto del juego, sino de una agresión desleal o una falla en la seguridad, surgiría inmediatamente la responsabilidad penal. Y cuidado: esta responsabilidad no se detiene en el autor material (el jugador agresor). La ley permite ir más allá, alcanzando a:

• Los organizadores del evento.

• Los funcionarios encargados de la vigilancia.

El deporte deja de ser un escudo cuando se traiciona su esencia reglamentaria.

Conclusión Integradora: La lesión de Mallía como paradigma del sistema

El reciente paso de Juan Cruz Mallía por el quirófano para reparar una lesión sufrida compitiendo al máximo nivel nos sirve para cerrar este análisis.

Su caso ilustra la fina arquitectura legal que sostiene al deporte profesional: A pesar de ser el rugby un deporte de contacto extremo y clasificado como "riesgoso", la lesión de Mallía se mantiene en la esfera de lo lícito porque cumple con la tríada sagrada: Autorización, Reglamento y Consentimiento.

Tal como sostuvimos al inicio, el deporte es un hecho positivo para la sociedad. La ley penal se retira prudentemente del campo de juego para permitir la competencia, pero se mantiene vigilante en los márgenes, lista para actuar solo si se violan las reglas que separan al atleta de la víctima. El caso de Mallía es la prueba de que, cuando se respetan las normas, el daño físico es un gaje del oficio y no un expediente judicial.

Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica

¿La policía puede obligarte a abrir el baúl? 3 claves legales sobre la requisa de autos

Si te encuentras en un control policial al ingresar a un barrio o circular por la vía pública, es fundamental que conozcas los límites legales de las fuerzas de seguridad. Basándonos en la histórica sentencia del caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina (2020), aquí te dejamos tres consejos esenciales para entender tus derechos frente a una requisa vehicular.

1. La "actitud sospechosa" o el "nerviosismo" no son motivos suficientes

Durante décadas, la policía justificó requisas basándose en el "olfato policial", alegando que una persona mostraba una "actitud sospechosa" o "nerviosismo". Sin embargo, la Corte Interamericana determinó que estas son apreciaciones subjetivas e insuficientes.

• El Consejo: Ten presente que, para que la policía pueda detenerte o requisar tu auto sin una orden judicial, no basta con que el agente "sienta" que algo anda mal. Deben existir elementos objetivos, hechos concretos y claros que indiquen que se está cometiendo un delito en ese momento. El nerviosismo por sí solo no habilita una intromisión en tu privacidad.

2. Tu auto es una extensión de tu vida privada (como tu casa)

A menudo se cree que el auto tiene menos protección que una vivienda, pero el estándar legal ha cambiado. La Corte IDH estableció que las pertenencias que llevas en tu vehículo están protegidas por el derecho a la vida privada y la intimidad, al igual que los objetos dentro de tu domicilio.

• El Consejo: Entiende que el interior de tu auto y el baúl son espacios privados. La regla general es que la policía necesita una orden judicial para revisarlos. Las excepciones (como la flagrancia o urgencia) deben estar estrictamente justificadas y no pueden ser la norma para controles rutinarios indiscriminados. Si no hay una urgencia real que impida pedir la orden, la requisa puede ser ilegal.

3. La apariencia y el "perfil" no justifican una requisa

En el caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina (2020), una de las víctimas (Tumbeiro) fue detenida porque su vestimenta "no encajaba" con el barrio por el que transitaba. La justicia internacional condenó esto como un acto discriminatorio basado en prejuicios y estereotipos de clase.

• El Consejo: Ningún agente puede obligarte a abrir el baúl o identificarte basándose en tu ropa, el modelo de tu auto, tu color de piel o porque "no pareces de la zona". El uso de perfiles discriminatorios está prohibido; la policía no puede presumir culpabilidad basándose en quién eres o cómo te ves, sino en lo que estás haciendo objetivamente.

Conclusión: El fin del "fin justifica los medios"

La lección más importante que nos deja este precedente es que el resultado no valida el procedimiento. Incluso si la policía encuentra algo ilegal en el baúl, si la requisa se hizo sin una orden judicial previa y sin motivos objetivos verificables (es decir, fue arbitraria), el procedimiento es ilegal y viola los derechos humanos.

La seguridad no puede basarse en la intuición o el abuso de poder. Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de actuar bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, dejando atrás las prácticas de control poblacional basadas en el mero "olfato" o prejuicio.

Nota para el lector: Este resumen se basa en los estándares internacionales aplicables a la actuación policial. Recuerda que la seguridad privada en los accesos a barrios cerrados se rige, además, por contratos privados de derecho de admisión, aunque nunca pueden violar derechos constitucionales básicos.

Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica

La IA miente con la misma seguridad con la que un experto dice la verdad

Los Grandes Modelos de Lenguaje (ej: ChatGpt, Gemini, etc.) han irrumpido en la práctica profesional, pero operan bajo una premisa técnica que todo operador jurídico debe comprender: estos sistemas no distinguen entre lo verdadero y lo falso, sino entre lo probable y lo improbable. Técnicamente, la IA no "sabe" ni "entiende"; lo que hace es predecir la siguiente palabra en una secuencia basándose en patrones estadísticos aprendidos durante su entrenamiento masivo.

Esta naturaleza probabilística da lugar al fenómeno de las "alucinaciones": la generación de respuestas coherentes, gramaticalmente impecables y expresadas con total seguridad, pero que contienen datos falsos, citas inexistentes o hechos distorsionados. En el ámbito jurídico, donde la precisión es imperativa, una alucinación no es un simple error, sino un riesgo que puede traducirse en una argumentación inválida o un fallo procesal.

Estrategias de mitigación: Del miedo al control técnico

Para integrar estas herramientas sin comprometer la seguridad jurídica, debemos abandonar la confianza ciega y adoptar técnicas de prompt engineering específicas para reducir la invención de datos:

1. Técnica de Conocimiento Integrado: Los modelos pueden carecer de información actualizada o específica. En lugar de preguntar abiertamente (lo que invita a la alucinación), debemos aportar en el prompt el texto normativo, la doctrina o los hechos del caso, instruyendo al modelo para que trabaje sobre esa base.

2. Instrucciones Restrictivas y Negativas: Es fundamental incluir comandos explícitos para mitigar riesgos, tales como: "utilizá exclusivamente el material proporcionado en este prompt y no agregues información externa". Esto limita el "espacio creativo" del modelo.

3. Verificación Sustancial: La supervisión humana es indelegable. Ninguna salida automática posee validez hasta ser contrastada con las fuentes originales. El profesional debe auditar la respuesta buscando inconsistencias lógicas o citas erróneas.

Conclusión

La inteligencia artificial generativa no sustituye el razonamiento jurídico ni la responsabilidad ética; su función es instrumental y auxiliar. La clave para una implementación exitosa radica en comprender que la IA puede automatizar la redacción, pero nunca la decisión final. Como operadores del derecho, debemos actuar como garantes de fidelidad: la tecnología propone, pero el experto humano dispone, valida y firma.

Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica