En este espacio se publican comentarios y análisis de fallos relevantes en materia penal, destacando sus fundamentos, criterios interpretativos y su importancia como precedentes para la práctica profesional.
Cada artículo incluye un resumen temático, palabras clave para facilitar su localización y un enlace de descarga en formato PDF.
Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica
Este fallo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Córdoba analiza un supuesto particularmente relevante de robo calificado por el uso de armas impropias, en el que los imputados utilizaron perros de gran porte (rottweiler y dogo) como medio de intimidación para concretar el desapoderamiento.
El tribunal sostuvo que no es necesario el empleo de un arma en sentido técnico ni la producción de lesiones, sino que basta con que el medio utilizado aumente el poder ofensivo de los autores y reduzca de manera efectiva la capacidad defensiva de la víctima.
Desde esta perspectiva funcional, los perros fueron considerados instrumentos idóneos de coacción, encuadrando la conducta en el art. 166 inc. 2° del Código Penal.
El pronunciamiento resulta de especial interés porque amplía el análisis del concepto de arma impropia y ofrece criterios claros para la calificación jurídica de modalidades delictivas no tradicionales, con impacto directo en la práctica judicial y en los debates actuales sobre los límites del tipo agravado.
Robo calificado
Arma impropia
Uso de animales como medio de intimidación
Perros como instrumento del delito
Art. 166 inc. 2° Código Penal
Poder ofensivo del autor
Reducción de la capacidad defensiva de la víctima
Intimidación suficiente
Calificación legal del robo
Jurisprudencia penal de Córdoba
Delitos contra la propiedad
Interpretación funcional del concepto de arma
Modalidades no tradicionales de violencia
Este Fallo que es un precedente clave sobre el control de legalidad de la prueba digital en procesos penales. Desarrolla los fundamentos de la nulidad de registros telefónicos obtenidos sin orden judicial, el valor de los metadatos, la aplicación del Convenio de Budapest (Ley 27.411) y la reafirmación de la regla de exclusión probatoria y la teoría del “fruto del árbol envenenado”.
Se completa con la doctrina de Smolianski (Garantías judiciales, prueba digital y su incorporación al proceso penal) y la vigencia de los estándares supraconstitucionales que protegen la intimidad y la legalidad en la obtención de evidencia.
El texto funciona como guía práctica para jueces, fiscales y defensores frente a los desafíos de la tecnología en la litigación penal moderna.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por violar el derecho a recurrir el fallo penal y la tutela judicial efectiva, al constatar que los tribunales de Córdoba —incluido el Tribunal Superior de Justicia— negaron una revisión integral de las condenas impuestas a los afectados.
El tribunal internacional determinó que la Sala Penal del TSJ se limitó a reproducir el razonamiento del A Quo y a verificar requisitos formales, sin realizar un examen autónomo de los hechos, la prueba y el derecho. Esta práctica, reiterada en la jurisdicción local, vació de contenido el recurso de casación y dejó sin protección efectiva a quienes buscaban impugnar su condena.
La sentencia enfatiza que el artículo 8.2.h de la Convención Americana exige una revisión plena, que incluya aspectos fácticos y jurídicos, y que el artículo 25 obliga a garantizar recursos efectivos, no meramente formales. También recordó que los Estados deben adecuar su normativa y su práctica judicial a los estándares interamericanos.
Como medidas de reparación, la Corte ordenó:
Garantizar a los afectados un recurso judicial idóneo para revisar integralmente la condena.
Reformar la normativa y la jurisprudencia local sobre casación penal.
Publicar y difundir la sentencia, y capacitar a operadores judiciales en derechos humanos.
Este fallo constituye un precedente clave para el sistema procesal argentino, reafirmando que la revisión de condenas penales no puede ser una formalidad, sino una garantía sustantiva que protege el debido proceso y el derecho de defensa.
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La Sentencia n.º 218/2024 del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba analizó la correcta aplicación de los arts. 55 y 119 del Código Penal en un caso de delitos contra la integridad sexual. El tribunal corrigió la decisión de la Cámara de Río Cuarto, que había considerado la existencia de un concurso real de delitos, y sostuvo en cambio que correspondía aplicar un concurso aparente de leyes, resuelto por el principio de consunción.
El fallo explicó que, cuando varios actos sexuales ilícitos ocurren en un mismo contexto temporal y espacial, con idéntica víctima y finalidad, no deben fraccionarse como delitos independientes. En tales casos, las ofensas de menor entidad quedan absorbidas por la más grave —el abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo—, configurándose un supuesto de consunción por ofensas de gravedad progresiva.
Este precedente es de especial relevancia porque reafirma la importancia de diferenciar entre concurso real y concurso aparente, evitando la sobrerrepresión punitiva y garantizando la proporcionalidad de la pena. El TSJ fijó así un criterio claro para la calificación jurídica en delitos sexuales, que servirá de guía tanto a fiscales como a defensores en futuras causas.
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El fallo STS 1922/2025 del Tribunal Supremo de España revocó la condena penal a una empresa por entender que no se había probado su culpabilidad institucional, ni la existencia de un defecto organizativo propio que permitiera atribuirle responsabilidad penal. La sentencia marca un límite claro al automatismo punitivo y exige una motivación autónoma y probada respecto a la actuación de la persona jurídica, en consonancia con el principio de culpabilidad.
Esta doctrina, que guarda estrecha relación con el régimen argentino de la Ley 27.401, subraya la importancia de contar con programas de integridad eficaces, no meramente formales, que funcionen como barrera de prevención y como elemento eximente ante una imputación penal. El fallo deja en claro que la responsabilidad de la empresa no puede derivarse de forma automática de la conducta de sus directivos, y que el Ministerio Público tiene la carga de probar el defecto estructural y su relación causal con el delito cometido.
El precedente es relevante para todo sistema jurídico que busque compatibilizar la eficacia del combate a la criminalidad corporativa con el respeto de las garantías procesales. Promueve una visión técnica, garantista y funcional del compliance, e impone estándares exigentes tanto para la acusación como para la defensa. Su aplicación en Argentina puede servir para fortalecer la racionalidad del sistema penal empresarial.
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Esta obra reúne una década de fallos (2015–2025) de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, abordando un tema clave en la ejecución penal: cómo deben computarse los períodos de detención sufridos en distintas causas.
Su valor radica en que sistematiza criterios dispares y permite identificar una línea interpretativa sobre los arts. 24, 55 y 58 del Código Penal, aportando claridad en casos de concurso real, procesos paralelos y absoluciones.
La importancia práctica de este boletín es enorme: evita cómputos arbitrarios, protege la libertad ambulatoria y brinda a jueces, fiscales y defensores una guía sólida para aplicar criterios coherentes y respetuosos de los derechos fundamentales.
Es una herramienta indispensable para quienes trabajamos en el derecho penal y en la defensa de garantías.
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El fallo Mardiza constituye un precedente central en la evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Argentina. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de dos sociedades anónimas en aplicación de la Ley 27.401, destacando como criterios decisivos el defecto de organización y el beneficio empresarial. El caso se enmarca en maniobras fraudulentas en obra pública que evidenciaron la ausencia de controles internos y la obtención de ventajas patrimoniales indebidas.
La resolución judicial puso de relieve que los programas de integridad no pueden limitarse a un cumplimiento meramente formal. La Cámara advirtió que las sociedades imputadas carecían de procedimientos efectivos de control, capacitación y auditoría, lo que configuró un escenario de organización defectuosa. En este sentido, la jurisprudencia adopta un estándar sustantivo, que evalúa la eficacia real de los mecanismos de prevención y no sólo su existencia documental.
Este precedente proyecta un mensaje contundente hacia el ámbito corporativo: la responsabilidad penal empresaria es hoy un régimen autónomo y plenamente operativo, que sanciona tanto la tolerancia institucional frente a la corrupción como el aprovechamiento económico o competitivo derivado de prácticas ilícitas. En consecuencia, las empresas deberán adoptar programas de integridad genuinos, integrados a su cultura organizacional, como única vía para mitigar riesgos penales y consolidar su legitimidad en la contratación pública.
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En la Sentencia se condena a trece años de prisión a un hombre que intentó asesinar a su esposa en dos ocasiones: primero mediante un ataque violento simulado como accidente de tránsito, y luego acercándole un imán a la cabeza para desprogramar una válvula craneal implantada.
El fallo examina la figura de la tentativa inidónea con perspectiva de género, en el marco de una relación caracterizada por violencia física, psicológica y control coercitivo. Un caso paradigmático sobre los límites de la ejecución penalmente relevante y los desafíos probatorios en contextos de violencia familiar.
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