EL ESCRACHE VIRTUAL ANÓNIMO ANTE LA CORTE SUPREMA - Libertad de expresión, intimidad y derecho de defensa
EL ESCRACHE VIRTUAL ANÓNIMO ANTE LA CORTE SUPREMA - Libertad de expresión, intimidad y derecho de defensa
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El caso:
El 23/9/26 la CSJN resolvió la causa "C., F. c/ Facebook Argentina SRL s/ hábeas data" (FLP 7640/2019/CS1). Revocó la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata y ordenó a la demandada dos cosas:
a) eliminar las publicaciones de Facebook e Instagram que, desde la cuenta anónima "Comisión de Género de la FaHCE", señalaban a un estudiante como "abusador" junto con su fotografía; y
b) informar la identidad del titular de las cuentas y todo otro dato útil para identificarlo: correo vinculado, IP, fecha, hora y dispositivo.
Puntos centrales del fallo:
-Interés público con límites. La Corte reconoce que la violencia de género es materia de claro interés público, a la luz de la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485. Sin embargo, ello no autoriza cualquier modalidad de discurso ni permite lesionar la intimidad, el honor o la defensa en juicio (cons. 7°).
-La modalidad es lo decisivo. El Tribunal califica la publicación como un "escrache público virtual": sin firma, identifica al presunto victimario con su imagen y nunca se tradujo en una denuncia administrativa o judicial. Lo que se juzga no es la verdad o falsedad de lo publicado, sino la forma elegida para difundirlo (cons. 8° y 9°).
-Debido proceso en sentido amplio. La ausencia de datos mínimos verificables impide al señalado defenderse y lo expone a un daño irreparable. La Corte admite el anonimato como un "comienzo aceptable" para denunciar violencia de género, pero no al punto de anular el derecho de defensa (cons. 9° y 10).
-El militante no es persona pública. Participar en agrupaciones o manifestaciones no equipara al ciudadano común a una figura pública ni le hace perder la protección reforzada de su intimidad (cons. 11).
Relevancia práctica para el ejercicio penal:
La calumnia y la injuria son delitos de acción privada (art. 73 CP), y la querella exige individualizar al querellado. El fallo consolida al hábeas data (art. 43 CN) como vía idónea para obtener de las plataformas los datos que permitan identificar al autor anónimo. Ese paso previo resulta indispensable tanto para una eventual querella como para una acción de daños.
También deja un mensaje de fondo: las acusaciones de delitos graves deben canalizarse por las vías institucionales, donde rigen el contradictorio y las garantías del proceso, y no por "condenas sociales" sin posibilidad de réplica.
#DerechoPenal #CSJN #LibertadDeExpresión #HábeasData #DerechoDeDefensa #DebidoProceso #Intimidad #DerechoDigital
Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica
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Nuevas Tecnologías, Plataformas Digitales y Competencia según la CSJN: Responsabilidad, Ciberdelitos y Pautas Procesales
Nuevas Tecnologías, Plataformas Digitales y Competencia según la CSJN: Responsabilidad, Ciberdelitos y Pautas Procesales
La masificación de los entornos digitales, las redes sociales y los motores de búsqueda ha redefinido el litigio moderno en Argentina, ubicándolo en una permanente tensión entre la libertad de expresión y la protección de los derechos personalísimos.
En este escenario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consolidado criterios determinantes que impactan de lleno tanto en la responsabilidad civil de las plataformas como en la persecución penal de conductas ilícitas en la red.
En este trabajo se sistematiza la jurisprudencia del Máximo Tribunal federal a partir de sus ejes medulares: el estándar de responsabilidad subjetiva de los motores de búsqueda fijado desde "María Belén Rodríguez" y su evolución hasta "Vecchi" (2024); el rechazo al «derecho al olvido» frente a información de interés público ("Denegri"); y el empleo de marcas notorias en sistemas de enlaces patrocinados ("Organización Veraz").
Asimismo, se profundiza en el cambio de paradigma sobre competencia penal e informática (Fallos: 346:1248 y pronunciamientos de 2025), donde el Tribunal delimitó el fuero federal a supuestos de afectación real al servicio público de telecomunicaciones, confirmando la intervención de la justicia ordinaria en estafas telemáticas, accesos ilegítimos por abuso de confianza y defraudaciones por redes sociales.
Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica
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La Doctrina de los Actos Propios según la CSJN
La Doctrina de los Actos Propios según la CSJN
La regla venire contra factum proprium non valet, como derivación directa del principio cardinal de la buena fe, impone un deber de coherencia de conducta que rige tanto en el derecho privado como en el ámbito público y procesal. Quien despliega un comportamiento deliberado, jurídicamente eficaz y relevante, genera en el adversario una legítima confianza de predictibilidad que veda reclamos contradictorios sobrevenidos.
En este trabajo se examinan las líneas rectoras sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: desde sus orígenes pretorianos basados en la renuncia tácita a garantías patrimoniales hasta su reciente consolidación en el fallo “Rossini” (febrero de 2025). Asimismo, se analizan los presupuestos de configuración (identidad subjetiva, unidad de relación jurídica y real voluntariedad) y los límites infranqueables fijados por el Tribunal: la inderogabilidad del estatuto personal de la libertad, la primacía del principio de legalidad sobre la Administración y la inoponibilidad de la doctrina en supuestos de coacción, vulnerabilidad o indisponibilidad de derechos fundamentales.
Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica
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CIDH Caso "Iglesias y otros vs. Argentina" - Prescripción de la acción penal y plazo razonable en sede penal
CIDH Caso "Iglesias y otros vs. Argentina" - Prescripción de la acción penal y plazo razonable en sede penal
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Iglesias y otros vs. Argentina (26 de noviembre de 2025), declarando la responsabilidad internacional del Estado a raíz del fallecimiento de la niña Marcela Brenda Iglesias en 1996 tras el desplome de una escultura en el Paseo de la Infanta (CABA) y la ulterior prescripción de la causa penal.
El fallo deja directrices dogmáticas y procesales de aplicación directa para la práctica penal y el litigio estratégico:
Dirección judicial del proceso y plazo razonable (doctrina Bulacio reactualizada): La Corte determinó que la dilación indebida (9 años de trámite y más de 117 planteos defensivos) no provino de la complejidad fáctica del asunto, sino de la pasividad de los magistrados. El tribunal ratificó que los jueces tienen el deber convencional de ejercer sus poderes correctivos para encauzar el proceso y evitar dilaciones desmedidas que conduzcan a la impunidad, afectando la tutela judicial efectiva desde la óptica de las víctimas.
Prescripción penal y ley penal más benigna (Ley 25.990): El Tribunal no censura la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna (art. 9 CADH) —garantía ineludible del imputado—, sino la inacción judicial que permitió que el trámite procesal llegara prescripto temporalmente a la entrada en vigor de la reforma legislativa.
Cuestionamiento al artículo 280 del CPCCN: Mediante un sustancial obiter dictum que retoma la línea del precedente Mohamed (2012), la Corte señaló que la denegatoria discrecional y carente de fundamentación del recurso extraordinario federal vulnera el acceso a la justicia y la protección judicial (art. 25.1 CADH) cuando impide a las víctimas cuestionar la clausura de la persecución penal.
Omisión de fiscalización y deber de prevención en el espacio público: Se reafirma que la concesión a particulares de bienes o espacios de dominio público no diluye el deber estatal de control, regulación y supervisión frente a riesgos previsibles. Este estándar impacta directamente en la configuración de la imputación objetiva por omisión en figuras penales culposas atribuidas a funcionarios públicos con deberes de contralor.
Un precedente clave que delimita los alcances del rol de director del proceso que le cabe al juez penal frente al abuso procesal, y que ofrece herramientas concretas para defensas y querellas en el marco del derecho convencional.
Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica
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La Corte IDH condenó a la Argentina por otro proceso penal de 15 años de duración
La Corte IDH condenó a la Argentina por otro proceso penal de 15 años de duración
El 15 de mayo de 2026 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso "López de Belva y otro Vs. Argentina": un proceso penal bonaerense que duró quince años —y que la Corte Suprema argentina ya había declarado prescripto en 2006 por su duración excesiva— terminó, treinta años después, en una nueva condena internacional contra el Estado.
Lo esencial del fallo
Lo esencial del fallo
La Corte Interamericana analizó cada etapa del proceso por separado, en lugar de mirar solo la duración total. Concluyó que la mayoría de los recursos se habían resuelto en plazos razonables, pero que la etapa final ante la Corte Suprema argentina —más de cuatro años, con lapsos de inactividad injustificados— sí violó la garantía del plazo razonable (art. 8.1, Convención Americana).
El punto más importante: el Estado argumentó que la prescripción ya declarada en 2006 "subsanaba" la demora. La Corte lo rechazó. Prescripción y reparación son remedios distintos: uno extingue la acción penal hacia el futuro, el otro repara el daño ya sufrido por haber vivido años bajo sospecha. Ordenó indemnizar a cada víctima con USD 20.000.
Por qué importa
Por qué importa
Haber obtenido la prescripción por plazo razonable no cierra necesariamente la puerta a un reclamo reparatorio posterior.
La duración total del proceso ya no alcanza como argumento: conviene demostrar, tramo por tramo, dónde estuvo la demora injustificada.
Las etapas recursivas ante tribunales superiores siguen siendo el punto más riesgoso.
El fallo se suma a otra condena reciente contra la Argentina en materia de garantías judiciales ("Iglesias y otros", 2025) y confirma que el estándar de plazo razonable exige hoy una aplicación concreta, no una fórmula de estilo.
Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica
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Accidentes Viales: Dolo Eventual vs. Culpa Consciente
Accidentes Viales: Dolo Eventual vs. Culpa Consciente
Estructura Dogmática del Dolo Eventual:
Estructura Dogmática del Dolo Eventual:
El TSJ de Córdoba reafirma que el dolo eventual (art. 79 C.P.) no exige probar un "deseo" o "querer" afectivo del resultado (teoría de la voluntad). Pertenece a la esfera del conocimiento del riesgo y de la decisión de actuar con indiferencia: actúa con dolo eventual quien se representa la posibilidad concreta de lesionar un bien jurídico y emprende la acción con absoluta desconsideración, dejando el resultado liberado al azar.
Incompatibilidad de la Culpa Consciente:
Incompatibilidad de la Culpa Consciente:
En la culpa con representación el sujeto confía en factores objetivos o en su pericia para evitar el resultado; en el caso Amoedo resultaba "inverosímil sostener una confianza de evitación" ante el cúmulo de riesgos asumidos.
Autonomía del Art. 84 bis del Código Penal:
Autonomía del Art. 84 bis del Código Penal:
La incorporación del homicidio imprudente vial agravado (Ley 27.347) no "desterró" ni derogó el dolo eventual en siniestros viales. El art. 84 bis opera exclusivamente en la esfera de la culpa. Cuando el desprecio por la vida sobrepasa la negligencia, corresponde calificar el hecho como homicidio simple doloso (art. 79 C.P.).
Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica
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El Fallo "GGM S.A." y la Ley de Inocencia Fiscal: Un Cambio de Paradigma
El Fallo "GGM S.A." y la Ley de Inocencia Fiscal: Un Cambio de Paradigma
Derecho Penal Tributario:
Derecho Penal Tributario:
El pasado 12 de febrero de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dictó una sentencia trascendental en la causa "GGM y otros s/ recurso de casación" (Registro nro. 40/2026), reafirmando criterios fundamentales sobre la retroactividad de la ley penal más benigna y la responsabilidad en estructuras corporativas.
Claves de la Decisión Judicial
Claves de la Decisión Judicial
Aplicación de la Ley N° 27.799: El tribunal reconoció la plena vigencia de la nueva "Ley de Inocencia Fiscal" (sancionada el 2 de enero de 2026), la cual elevó los umbrales de punibilidad para el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social a $3.500.000 mensuales.
Atipicidad Sobrevenida: En virtud del principio de la ley penal más benigna, se determinó que las conductas imputadas (29 hechos de retención de aportes entre 2012 y 2015) dejaron de ser delito, ya que los montos involucrados resultaban inferiores al nuevo umbral legal.
Doctrina de la CSJN: Los jueces Gemignani, Mahiques y Borinsky sustentaron el fallo en la jurisprudencia de la Corte Suprema, citando los precedentes "Vidal" (2021), "Palero" (2007) y "Soler" (2014). Estos fallos establecen que la modificación de los montos incide directamente sobre la tipicidad de la conducta.
Responsabilidad de los Directivos: El fallo ratificó la absolución de la presidenta del directorio, María Clara García Mata. Se concluyó que el cargo formal es insuficiente para una condena si no se prueba el dominio del hecho real, especialmente cuando se acredita que el directivo no ejercía funciones reales en la toma de decisiones.
Análisis Estratégico
Análisis Estratégico
Como sostiene el juez Mariano Borinsky, esta normativa representa una decisión legislativa clara de reservar la intervención penal únicamente para supuestos de mayor entidad lesiva, evitando la criminalización de incumplimientos de baja significación económica.
"La Ley de Inocencia Fiscal redefine los contornos entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, exigiendo una defensa técnica rigurosa en la interpretación de los nuevos umbrales".
#LeyDeInocenciaFiscal #Ley27799 #LeyPenalMasBenigna #UmbralesDePunibilidad #RegimenPenalTributario
LA AUTORRESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA Y LA CARGA DE LA PRUEBA DEL "DEFECTO DE ORGANIZACIÓN"
LA AUTORRESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA Y LA CARGA DE LA PRUEBA DEL "DEFECTO DE ORGANIZACIÓN"
La Sentencia del Tribunal Supremo 372/2025, de 11 de abril, establece una doctrina fundamental para la defensa penal corporativa, clarificando los límites de la responsabilidad de las personas jurídicas en España . El fallo resuelve el caso de "Spyder Rent S.L." y su administrador, Jenaro, quienes habían sido condenados en instancias previas por un delito de estafa agravada relacionado con la comercialización fraudulenta de franquicias de vehículos eléctricos .
Aunque el Supremo ratificó la condena de prisión para el administrador, al considerar probada su intención de engañar a los inversores , decidió absolver a la empresa . Esta decisión se fundamenta en el rechazo categórico a la "responsabilidad vicarial" o automática . El Tribunal censuró que la sentencia anterior condenara a la sociedad simplemente por el hecho de que su administrador había delinquido, sin describir un "injusto propio" de la entidad .
La doctrina fijada establece que la responsabilidad penal de la persona jurídica no puede derivarse automáticamente de la persona física. Para condenar a una empresa, la acusación debe probar la existencia de un "defecto estructural en los mecanismos de prevención"; es decir, debe acreditarse que el delito fue posible gracias a la ausencia o ineficacia de controles internos . La carga de la prueba recae íntegramente sobre quien acusa: si no se demuestra la falta de cultura de cumplimiento, la empresa debe ser absuelta en virtud de su presunción de inocencia .
Este precedente judicial tiene implicaciones vitales para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que a menudo perciben erróneamente el compliance como una herramienta exclusiva de grandes multinacionales . El análisis del caso demuestra que las PYMES son extremadamente vulnerables a sanciones severas, como multas millonarias o inhabilitaciones, que pueden comprometer su supervivencia .
En este contexto, la implementación de un programa de cumplimiento normativo (Compliance) se confirma como una necesidad estratégica y la "mejor póliza de seguro" . Un modelo de prevención robusto, documentado y adaptado a la realidad de la empresa funciona como un escudo legal: permite acreditar la diligencia debida y diferenciar la responsabilidad de la empresa de la conducta ilícita de un empleado o directivo desleal .
Finalmente, la sentencia advierte sobre la necesidad procesal de que las empresas cuenten con una defensa autónoma y distinta a la del administrador acusado para evitar conflictos de intereses y garantizar una protección efectiva de sus derechos . En conclusión, cumplir la normativa y auditar los riesgos no es opcional, sino la clave para proteger el presente y el futuro de cualquier negocio.
Dr. Eduardo Santiago Caeiro | Especialista en Delitos de contenido Penal Económico | Abogado penalista en Córdoba | Director de Litigación Penal Estratégica
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Robo calificado por el uso de armas impropias: perros de gran porte como medio de intimidación idóneo
Robo calificado por el uso de armas impropias: perros de gran porte como medio de intimidación idóneo
Este fallo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Córdoba analiza un supuesto particularmente relevante de robo calificado por el uso de armas impropias, en el que los imputados utilizaron perros de gran porte (rottweiler y dogo) como medio de intimidación para concretar el desapoderamiento.
El tribunal sostuvo que no es necesario el empleo de un arma en sentido técnico ni la producción de lesiones, sino que basta con que el medio utilizado aumente el poder ofensivo de los autores y reduzca de manera efectiva la capacidad defensiva de la víctima.
Desde esta perspectiva funcional, los perros fueron considerados instrumentos idóneos de coacción, encuadrando la conducta en el art. 166 inc. 2° del Código Penal.
El pronunciamiento resulta de especial interés porque amplía el análisis del concepto de arma impropia y ofrece criterios claros para la calificación jurídica de modalidades delictivas no tradicionales, con impacto directo en la práctica judicial y en los debates actuales sobre los límites del tipo agravado.
Palabras clave:
Palabras clave:
Robo calificado
Arma impropia
Uso de animales como medio de intimidación
Perros como instrumento del delito
Art. 166 inc. 2° Código Penal
Poder ofensivo del autor
Reducción de la capacidad defensiva de la víctima
Intimidación suficiente
Calificación legal del robo
Jurisprudencia penal de Córdoba
Delitos contra la propiedad
Interpretación funcional del concepto de arma
Modalidades no tradicionales de violencia
FALLO: “Estrada Rodríguez” (Resolución TSJ Córdoba Nº 427/2023, Expediente SAC Nº 2340487)
FALLO: “Estrada Rodríguez” (Resolución TSJ Córdoba Nº 427/2023, Expediente SAC Nº 2340487)
Este Fallo que es un precedente clave sobre el control de legalidad de la prueba digital en procesos penales. Desarrolla los fundamentos de la nulidad de registros telefónicos obtenidos sin orden judicial, el valor de los metadatos, la aplicación del Convenio de Budapest (Ley 27.411) y la reafirmación de la regla de exclusión probatoria y la teoría del “fruto del árbol envenenado”.
Se completa con la doctrina de Smolianski (Garantías judiciales, prueba digital y su incorporación al proceso penal) y la vigencia de los estándares supraconstitucionales que protegen la intimidad y la legalidad en la obtención de evidencia.
El texto funciona como guía práctica para jueces, fiscales y defensores frente a los desafíos de la tecnología en la litigación penal moderna.
Palabras clave:
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Sentencia Nº 60/2025: de la CC y Correccional 5ª de Córdoba - "Intentó matar a su esposa con un imán"
Sentencia Nº 60/2025: de la CC y Correccional 5ª de Córdoba - "Intentó matar a su esposa con un imán"
En la Sentencia se condena a trece años de prisión a un hombre que intentó asesinar a su esposa en dos ocasiones: primero mediante un ataque violento simulado como accidente de tránsito, y luego acercándole un imán a la cabeza para desprogramar una válvula craneal implantada.
El fallo examina la figura de la tentativa inidónea con perspectiva de género, en el marco de una relación caracterizada por violencia física, psicológica y control coercitivo. Un caso paradigmático sobre los límites de la ejecución penalmente relevante y los desafíos probatorios en contextos de violencia familiar.
Palabras clave:
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“Valle Ambrosio y otro vs. Argentina” – Condena de la Corte Interamericana a Córdoba y al TSJ
“Valle Ambrosio y otro vs. Argentina” – Condena de la Corte Interamericana a Córdoba y al TSJ
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por violar el derecho a recurrir el fallo penal y la tutela judicial efectiva, al constatar que los tribunales de Córdoba —incluido el Tribunal Superior de Justicia— negaron una revisión integral de las condenas impuestas a los afectados.
El tribunal internacional determinó que la Sala Penal del TSJ se limitó a reproducir el razonamiento del A Quo y a verificar requisitos formales, sin realizar un examen autónomo de los hechos, la prueba y el derecho. Esta práctica, reiterada en la jurisdicción local, vació de contenido el recurso de casación y dejó sin protección efectiva a quienes buscaban impugnar su condena.
La sentencia enfatiza que el artículo 8.2.h de la Convención Americana exige una revisión plena, que incluya aspectos fácticos y jurídicos, y que el artículo 25 obliga a garantizar recursos efectivos, no meramente formales. También recordó que los Estados deben adecuar su normativa y su práctica judicial a los estándares interamericanos.
Como medidas de reparación, la Corte ordenó:
Garantizar a los afectados un recurso judicial idóneo para revisar integralmente la condena.
Reformar la normativa y la jurisprudencia local sobre casación penal.
Publicar y difundir la sentencia, y capacitar a operadores judiciales en derechos humanos.
Este fallo constituye un precedente clave para el sistema procesal argentino, reafirmando que la revisión de condenas penales no puede ser una formalidad, sino una garantía sustantiva que protege el debido proceso y el derecho de defensa.
Palabras clave:
Palabras clave:
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Valle Ambrosio y otro vs. Argentina, Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, recurso de casación penal, derecho a recurrir el fallo, artículo 8.2.h Convención Americana, artículo 25 Convención Americana, tutela judicial efectiva, revisión integral de condenas, debido proceso penal, motivación judicial, remisión al a quem, responsabilidad internacional del Estado, adecuación normativa, garantías de no repetición, reparación integral, recurso efectivo en materia penal, violación de derechos humanos en Argentina, estándares interamericanos, jurisprudencia Corte IDH
“Concurso real y concurso aparente en delitos sexuales: comentario a la Sentencia 218/2024 del TSJ Córdoba”
“Concurso real y concurso aparente en delitos sexuales: comentario a la Sentencia 218/2024 del TSJ Córdoba”
La Sentencia n.º 218/2024 del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba analizó la correcta aplicación de los arts. 55 y 119 del Código Penal en un caso de delitos contra la integridad sexual. El tribunal corrigió la decisión de la Cámara de Río Cuarto, que había considerado la existencia de un concurso real de delitos, y sostuvo en cambio que correspondía aplicar un concurso aparente de leyes, resuelto por el principio de consunción.
El fallo explicó que, cuando varios actos sexuales ilícitos ocurren en un mismo contexto temporal y espacial, con idéntica víctima y finalidad, no deben fraccionarse como delitos independientes. En tales casos, las ofensas de menor entidad quedan absorbidas por la más grave —el abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo—, configurándose un supuesto de consunción por ofensas de gravedad progresiva.
Este precedente es de especial relevancia porque reafirma la importancia de diferenciar entre concurso real y concurso aparente, evitando la sobrerrepresión punitiva y garantizando la proporcionalidad de la pena. El TSJ fijó así un criterio claro para la calificación jurídica en delitos sexuales, que servirá de guía tanto a fiscales como a defensores en futuras causas.
Palabras clave:
Palabras clave:
concurso real, concurso aparente de leyes, consunción, ofensas de gravedad progresiva, abuso sexual, acceso carnal, vínculo, Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sentencia 218/2024, derecho penal, proporcionalidad, non bis in ídem.
Comentario al fallo del Tribunal Supremo español STS 1922/2025 sobre responsabilidad penal empresarial
Comentario al fallo del Tribunal Supremo español STS 1922/2025 sobre responsabilidad penal empresarial
El fallo STS 1922/2025 del Tribunal Supremo de España revocó la condena penal a una empresa por entender que no se había probado su culpabilidad institucional, ni la existencia de un defecto organizativo propio que permitiera atribuirle responsabilidad penal. La sentencia marca un límite claro al automatismo punitivo y exige una motivación autónoma y probada respecto a la actuación de la persona jurídica, en consonancia con el principio de culpabilidad.
Esta doctrina, que guarda estrecha relación con el régimen argentino de la Ley 27.401, subraya la importancia de contar con programas de integridad eficaces, no meramente formales, que funcionen como barrera de prevención y como elemento eximente ante una imputación penal. El fallo deja en claro que la responsabilidad de la empresa no puede derivarse de forma automática de la conducta de sus directivos, y que el Ministerio Público tiene la carga de probar el defecto estructural y su relación causal con el delito cometido.
El precedente es relevante para todo sistema jurídico que busque compatibilizar la eficacia del combate a la criminalidad corporativa con el respeto de las garantías procesales. Promueve una visión técnica, garantista y funcional del compliance, e impone estándares exigentes tanto para la acusación como para la defensa. Su aplicación en Argentina puede servir para fortalecer la racionalidad del sistema penal empresarial.
Palabras clave:
Palabras clave:
responsabilidad penal de la persona jurídica, programa de integridad, defecto organizativo, culpabilidad institucional, compliance, Tribunal Supremo España, STS 1922/2025, Ley 27.401, prueba de culpabilidad, derecho penal económico, eximente de responsabilidad, fallo empresarial, cultura de legalidad, debido proceso, imputación autónoma, Ministerio Público.
Boletín del Ministerio Público de la Defensa – Cómputo de pena
Boletín del Ministerio Público de la Defensa – Cómputo de pena
Esta obra reúne una década de fallos (2015–2025) de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, abordando un tema clave en la ejecución penal: cómo deben computarse los períodos de detención sufridos en distintas causas.
Su valor radica en que sistematiza criterios dispares y permite identificar una línea interpretativa sobre los arts. 24, 55 y 58 del Código Penal, aportando claridad en casos de concurso real, procesos paralelos y absoluciones.
La importancia práctica de este boletín es enorme: evita cómputos arbitrarios, protege la libertad ambulatoria y brinda a jueces, fiscales y defensores una guía sólida para aplicar criterios coherentes y respetuosos de los derechos fundamentales.
Es una herramienta indispensable para quienes trabajamos en el derecho penal y en la defensa de garantías.
Palabras clave:
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Fallo Mardiza: responsabilidad penal empresaria, defecto de organización y beneficio corporativo
Fallo Mardiza: responsabilidad penal empresaria, defecto de organización y beneficio corporativo
El fallo Mardiza constituye un precedente central en la evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Argentina. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de dos sociedades anónimas en aplicación de la Ley 27.401, destacando como criterios decisivos el defecto de organización y el beneficio empresarial. El caso se enmarca en maniobras fraudulentas en obra pública que evidenciaron la ausencia de controles internos y la obtención de ventajas patrimoniales indebidas.
La resolución judicial puso de relieve que los programas de integridad no pueden limitarse a un cumplimiento meramente formal. La Cámara advirtió que las sociedades imputadas carecían de procedimientos efectivos de control, capacitación y auditoría, lo que configuró un escenario de organización defectuosa. En este sentido, la jurisprudencia adopta un estándar sustantivo, que evalúa la eficacia real de los mecanismos de prevención y no sólo su existencia documental.
Este precedente proyecta un mensaje contundente hacia el ámbito corporativo: la responsabilidad penal empresaria es hoy un régimen autónomo y plenamente operativo, que sanciona tanto la tolerancia institucional frente a la corrupción como el aprovechamiento económico o competitivo derivado de prácticas ilícitas. En consecuencia, las empresas deberán adoptar programas de integridad genuinos, integrados a su cultura organizacional, como única vía para mitigar riesgos penales y consolidar su legitimidad en la contratación pública.
Palabras clave:
Palabras clave:
fallo Mardiza, responsabilidad penal de las personas jurídicas, defecto de organización, beneficio empresarial, Ley 27.401, programas de integridad, compliance, cultura corporativa, fraude en obra pública, cohecho activo, corrupción empresarial, Cámara Federal, jurisprudencia argentina, integridad corporativa, derecho penal económico
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